Retrasar la solicitud de la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020

 


El RD-ley 16/2020, de 28 de abril, ha introducido la posibilidad para los deudores de retrasar la solicitud de declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta facultad se contempla en el art. 11 del RD 16/2020, que establece:

Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Período de negociaciones en el concurso de acreedores antes del estado de alarma 

 

Sin embargo, a muchos nos surge la duda sobre que consideración tiene entonces el período de negociaciones  que se abre entre el deudor y los acreedores según estipula el art. 5 bis Ley Concursal  de todas aquellas situaciones que se produjeron con anterioridad a la declaración de estado de alarma.

 

Pueden acogerse al aplazamiento de la declaración del concurso de acreedores aquellos que ya solicitaron al juzgado la apertura de negociaciones con anterioridad al estado de alarma?

 

Parece que a la hora de interpretar este precepto hay dos formas. Una, bajo mi punto de vista minoritaria, en la que aquellos que la apoyan entienden que todos los deudores pueden acogerse al aplazamiento, hayan o no comunicado al Juzgado la apertura de negociaciones y, por lo tanto, aunque se hubiera comunicado el inicio del período de negociaciones del art. 5 bis LC antes del estado de alarma (14 de marzo de 2020) y, en consecuencia, el deudor podrá demorar la solicitud de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

El Real Decreto-ley 16/2020 no dice expresamente que no se puedan acoger los deudores que comunicaron el inicio de negociaciones antes

 

Los que defienden esta interpretación se basan en que el RD-ley 16/2020 no dice expresamente que no se puedan acoger los deudores que comunicaron el inicio de negociaciones antes y, en cambio, sí habla con términos genéricos de “cualquier deudor”.

Pero si, la realidad , es que este Real Decreto no tiene la finalidad de proteger a TODOS los deudores sino a aquellos deudores cuyas deudas tienen origen en la crisis generada por el COVID-19.

Concurso de acreedores antes del estado de alarma 


La interpretación que apoyamos por obedecer al propio espiritu del Real Decreto es la que entiende que el deudor que hubiera comunicado el inicio del período de negociaciones del art. 5 bis LC antes del estado de alarma, no puede acogerse al aplazamiento de la solicitud de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

Y esto no solo se desprende del espíritu de la ley, sino que es de justicia considerar que aquellos deudores que iniciaron el período de negociaciones antes de la declaración del estado de alarma se van a regir por el régimen general, con el que de hecho iniciaron su concurso de acreedores . Si el estado de alarma dejó en suspenso este periodo de negociaciones, no cabe duda de que este se reiniciará en cuanto finalice el estado de alarma 

Ahora bien, puede suceder, y de hecho está sucediendo en la práctica que  las negociaciones  a las que nos hemos referido antes hayan fracasado por la llegada de la  pandemia. En este caso, insistimos que el precepto ya incluye un período adicional tras la finalización del estado de alarma  (recordemos que el estado de alarma suspendió el plazo de las negociaciones con los acreedores) y, además, insistimos en que este deudor ya estaba en situación de insolvencia cuando solicitó el inicio del período de negociaciones.

 

Equilibrio justo dentro de esta redistribución de derechos en favor del deudor

 

No nos olvidemos que este Real Decreto Ley 16/2020 tiene la finalidad de reequilibrar los derechos del deudor y del acreedor, en el sentido de beneficiar al deudor, minorando los derechos de los acreedores, y por ello, la interpretación no puede ser absolutamente favorable al deudor, sino que tiene que buscar un equilibrio justo dentro de esta redistribución de derechos en favor del deudor.

Para entender los efectos prácticos de interpretar literalmente el articulo 11.1, pondremos un ejemplo.

Imaginémonos un proveedor acreedor que tuviera un importe equivalente a la mitad de su facturación anual pendiente de cobro del deudor. En ese caso, el acreedor cuyas deudas podrían tener origen en enero o febrero del 2020, o incluso en 2019 o años anteriores, tendrá una gran necesidad de cobrar al menos parte de su crédito, de lo contrario, podría también verse él abocado a un concurso. Sin embargo, la aplicación extensiva a todos los deudores sin distinción de la interpretación literal, le permite al deudor no presentar la solicitud de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 y, con ello, agravar la situación de insolvencia sin responder de las deudas generadas en 2020 gracias al régimen proteccionista del propio RD-ley 16/2020. Todo ello, sumándose la ya existente situación de insolvencia antes de la aparición del COVID-19. Ante este retraso lo más probable es que el proveedor también acabe en concurso de acreedores, o bien, se libre del concurso pero sin llegar a cobrar nada del deudor.

En este sentido, hay que añadir, además, otras dos cuestiones. En primer lugar, que incluso habiendo iniciado la ejecución singular, el acreedor verá paralizada su solicitud hasta pasado 2020 y, en segundo lugar, que se estaría imponiendo un trato desigual a determinados acreedores por causas no justificadas, en tanto la excepcional justificación al reequilibrio de derechos del RD-ley 16/2020 reside en la crisis generada por el COVID-19.

No obstante, y a la vista de ambas interpretaciones, desde luego nada impide que ambas tengan una base sólida. Por ello, son cada vez más las voces que piden que antes de finalizar el estado de alarma se incluyeran las modificaciones pertinentes o, al menos, unificaciones de criterio por parte de los Juzgados Mercantiles  para eliminar cualquier duda sobre esta cuestión, y no solo nos evite la inseguridad jurídica sino la agilidad en los procesos evitándonos tener que acudir al Tribunal Supremo

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