Reclamar por daños y prejuicios producidos en las residencias de mayores. COVID 19

Es indudable que nos encontramos en un momento crítico. La ingente cantidad de información y noticias en relación a la terrible situación de abandono que han podido sufrir algunos mayores en sus respectivas residencias, confunde más que ayuda y por eso desde Maldonado &Abogados queremos recordarles que es imprescindible, antes de tomar cualquier acción legal, asesorarnos y valorar nuestras futuras decisiones que, ya confirmamos, no siempre pasan por los Juzgados.

Embarcarse en una demanda sin una mínima garantía de que la reclamación esté fundada es algo que no debemos olvidar nunca pero especialmente en estos momentos de dolor y debilidad que da lugar a que las personas puedan se manipulables.

Con la finalidad de evitar fraudes o reclamaciones sin fundamento legal algunos os dejamos las que podrían dar lugar a una eventual reclamación:

Reclamación por daños y perjuicios en la salud de los mayores en residencias derivados de la gestión sanitaria del COVID-19.


Abandono de una persona mayor en situación de peligro manifiesto y grave.

1.- Se podrá reclamar judicialmente cuando se acredite que el fallecimiento de la persona mayor se debió su abandono en situación de peligro manifiesto y grave. Y será responsable quien no socorra al desamparado ni avise inmediatamente a terceras personas para que lo hagan. En estos casos se podrá exigir responsabilidad penal por omisión del deber de socorro o, en su caso, lesiones y homicidio imprudente, sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios.

Pacientes que no han sido correctamente atendidos


2.- Se podrá reclamar judicialmente cuando se acredite que los pacientes no han sido correctamente atendidos. Ello supone una clara infracción de la lex artis (altas indebidas, error en el diagnóstico, tratamientos inadecuados, falta de información, demora de intervenciones urgentes, etc.).

En este sentido tendrán derecho a reclamar todos aquellos pacientes con patologías distintas al Covid-19, que durante la pandemia no hayan recibido la debida atención médica y hayan sufrido una evolución negativa de su enfermedad, como puede suceder con casos oncológicos, neurológicos, cardiológicos, etc.

Fallecimiento de pacientes esperando un respirador

3.- Se podrá reclamar judicialmente cuando hayan fallecido pacientes esperando un respirador o no hayan sido ingresados en la UCI por error en su clasificación dentro del protocolo o por una lista de espera mal gestionada dentro de la urgencia.


Pacientes que no acceden a la asistencia que precisan a pesar de existir la posibilidad de ello.

4.- Se podrá reclamar judicialmente en aquellos casos en los que los pacientes no acceden a la asistencia que precisan a pesar de existir la posibilidad de ello. Por ejemplo, cuando se podía derivar al paciente a otro centro con más medios, ya fuera a un centro hospitalario de la misma o diferente Comunidad Autónoma, ya fuera a un centro hospitalario de carácter privado.
Los pacientes deben saber y conocer que todos los centros públicos tienen la obligación de derivar a la sanidad privada a los pacientes críticos que no pueden asumir. La sanidad privada no podrá rechazar la asistencia de urgencias y tendrá que reclamar los gastos al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma que haya decidido la derivación.
Y en estos casos de urgencia vital, si el centro hospitalario público no realiza la derivación por desconocimiento, el paciente podrá acudir a un centro privado y reclamar los gastos al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma mediante dos procedimientos diferentes: reintegro de gastos o reclamación de daños y perjuicios.


La OMS advirtió de la necesidad urgente de comprar material de protección y medicamentos. Sin embargo, los responsables hicieron caso omiso y la espera ha resultado letal en muchos casos

5.- También procederá la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración pública frente al Ministerio de Sanidad y frente al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando se demuestre que el daño es antijurídico, es decir, que la victima o perjudicado no tienen obligación de soportarlos. Aquí se incluiría la falta de iniciativa del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad de las respectivas CCAA a pesar de tener, con antelación suficiente, el ejemplo de Italia y China. Mucho antes de desbordarse la situación en España, la OMS nos había advertido de la necesidad urgente de comprar material de protección y medicamentos, pero los responsables hicieron caso omiso y decidieron esperar a ver qué pasaba.

Ausencia de medidas de protección de los trabajadores

6.- Se podrán reclamar responsabilidades derivadas de la ausencia de medidas de protección de los trabajadores. Esto incluye la reclamación frente a los empleadores por los daños y perjuicios sufridos por los trabajadores, funcionarios y militares con exposición de riesgo al coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) por infracción de medidas de seguridad y prevención derivadas de la aplicació n de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, infracciones fundadas en ausencia o deficientes medidas de carácter organizativo y medidas de protección tanto colectivas como individuales (ausencia de EPIS, precariedad o insuficiencia de los mismos). Aquı́ también se incluirı́an a los afectados que tuvieran o debieran haber tenido la consideración de trabajadores especialmente sensibles. Igualmente existirı́a responsabilidad, en los casos antedichos, con posibilidad clara de reclamación para los familiares contagiados de trabajadores expuestos a la enfermedad que hubieren contraı́do la misma por contacto personal con los mismos.
Todas estas reclamaciones tendrán su derivación en orden a las prestaciones de Seguridad Social como el recargo de prestaciones.



Accidente de trabajo por la enfermedad COVID-19 contraída como consecuencia de la prestación laboral de trabajadores expuestos al virus

7.- Procede la reclamación frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, frente a Muface, Isfas, etc., para el reconocimiento como accidente de trabajo de la enfermedad covid-19 contraída como consecuencia de la prestación laboral de trabajadores, funcionarios y militares con exposición al coronavirus SARS-CoV-2. Igualmente, las reclamaciones para el reconocimiento de las prestaciones pertinentes por contingencia profesional: incapacidad temporal, invalidez permanente o muerte.


Deniegan la baja Laboral a pacientes con factores de riesgo

8.- Procede también la reclamación judicial cuando hayan denegado la Baja Laboral a pacientes con factores de riesgo (inmunodeprimidos, con patologı́as cardı́acas o pulmonares), que hayan resultado perjudicados a consecuencia de dicha denegación.


9.- Reclamaciones contra Empresas Funerarias por incumplimiento contractual y prestació n defectuosa de sus servicios. Errores de identificación de fallecidos, retrasos indebidos y abusos en el cobro de servicios funerarios.

10.- Falta de información sobre el diagnóstico, tratamiento, riesgos, alternativas y pronó de la enfermedad en los supuestos en los que exista posibilidad de trasladarla a los pacientes y familiares.


No obstante, lo anterior, desde Maldonado&Abogados queremos advertir que exigir responsabilidades penales, civiles o patrimoniales a la Administración publica nos llevará al escudo detrás del que tratarán de excusarse para eludir sus responsabilidades y que no es otro que el de la “fuerza mayor”, que excluye la responsabilidad ante hechos imprevisibles e inevitables. No obstante, desde Maldonado &Abogados actuaremos analizando caso por caso de forma minuciosa para evitar reclamaciones inviables.
Las reclamaciones podrán prosperar cuando se acredite que, en el supuesto concreto, el responsable de la asistencia pudo, a pesar de las circunstancias, haber evitado el daño o disminuido el riesgo. Por este motivo, desaconsejamos reclamaciones colectivas susceptibles de ser desestimadas en masa con el pretexto de la citada fuerza mayor. No se da aquı́ identidad de casos como en el derecho bancario. Cada vı́ctima o perjudicado merece un trato individualizado desde el punto de vista pericial, jurı́dico, administrativo y, en su caso, judicial. Y, sobre todo, desde el debido respeto a su persona.

La multiplicación de noticias sobre centenares de muertes de ancianos en residencias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional ha provocado, de hecho, que la Fiscalía General del Estado acuerde investigar la grave situación en la que se encontraban estas personas -en algunos centros se han encontradosituaciones extremas como la de ancianos conviviendo con cadáveres durante días-. 

Pero la cascada de diligencias abiertas por las presuntas negligencias cometidas en residencias de ancianos no se detiene ahí, y se extienden a los casos puntuales. Uno de los más mediáticos, el de la residencia de Monte Hermoso, donde han fallecido un total de 46 ancianos con otros 19 hospitalizados y 39 aislados con síntomas, y en el que la Fiscalía Provincial de Madrid mantiene una investigación abierta a raíz de una denuncia del Defensor del Paciente.


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