Reclamar la plusvalía cuando he vendido con pérdidas

Plusvalias y ventas en perdidas

Si hemos vendido un piso con pérdidas no estamos obligados a pagar la plusvalía municipal.

¿Por qué hay que pagar la plusvalia cuando se ha vendido en perdidas?

Sentencias como la Sentencia nº 59/2017 de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, o la Sentencias nº 26/2017 y 37/2017, del Tribunal Constitucional (TC) que declararon  la nulidad parcial de los artículos 107 y 110 de la ley de haciendas locales, pero “ únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor “, (es decir en caso de existir pérdida patrimonial y no ganancia),  supuso un primer hito jurisprudencial.

¿Hay que pagar Plusvalía cuando se obtienen pequeñas ganancias, por debajo de lo calculado por la ordenanza municipal.


Sin embargo no aclaró si la nulidad podía alcanzar a los supuestos en que se obtenga un pequeña ganancia, inferior a la calculada por la aplicación de la correspondiente ordenanza municipal. La reciente sentencia de 31 de octubre de 2019, considera

contrario al principio de capacidad económica “ todo tributo que someta a gravamen una riqueza inexistente o agote la riqueza imponible”, por consiguiente,   cuando de la aplicación de las reglas de cálculo resulte un incremento superior al beneficio real obtenido, se considera que el gravamen es ilícito en la medida en que exceda de dicho beneficio.

No es la primera vez que un tribunal dicta una  sentencia que reconoce la incongruencia de pagar plusvalías cuando no se obtiene una ganancia, sino una pérdida, pero el Alto Tribunal viene a reforzar este criterio.

El Tribunal Constitucional  ha declarado inconstitucionales varios artículos de la norma foral sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como “plusvalía municipal” porque la cobran los ayuntamientos).

Inconstitucionalidad de la norma obliga a tributar por este impuesto aunque el vendedor incurra en pérdidas al vender el inmueble, lo que va contra el principio de capacidad económica.

 

Tras la citada sentencia,  y a la espera que se promulgue la esperada reforma de la Ley de Hacienas Locales, el contribuyente puede preguntarse cómo actuar en estos casos.  A este respecto, los Ayuntamientos han adoptado posturas totalmente opuestas. Así, mientras algunos  ignoran directamente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional obligando al contribuyente a acudir a la vía del recurso, lo que sin duda está colapsando  la jurisdicción contencioso-administrativa, otros han suspendido las liquidaciones hasta que se promulgue la reforma legal.

¿Quién puede reclamar?

En aquellos Ayuntamientos en los que se gire la  liquidación vulnerando el criterio del Tribunal Constitucional, (que lamentablemente son mayoría) es aconsejable efectuar el pago y recurrir posteriormente la liquidación en vía administrativa o en su caso ante la jurisdicción contencioso administrativa.  El plazo para recurrir es de 4 años en los casos en que el sistema sea de autoliquidación, y de 30 días en caso contrario,  a contar desde que se reciba  la liquidación.

¿Cómo se reclama?

– Primero debe pagarse el impuesto en el ayuntamiento (en caso de no haberlo hecho aún), aunque después se pretenda reclamar.

– Presentar un escrito solicitando un escrito de rectificación ante el consistorio.

– Una vez que el ayuntamiento haya respondido negativamente, presentar un recurso de reposición antes de treinta días. El recurso de reposición es voluntario. Si no, estás obligado a interponer reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico administrativo competente. Sólo cuando éste dice que no, o no dice nada en un año, se abre la vía judicial.

 – Además, si el recurso de reposición es desestimado, se abre la vía judicial y un conflicto contencioso-administrativo que en función de la cuantía obliga a contratar a un abogado y un procurador. También se deberá contar con los servicios de un perito para demostrar que el precio del inmueble se ha reducido.

El coste de este servicio lleva a los despachos de abogados a aconsejar que sólo se inicien procedimientos de reclamación cuando las cantidades que se aspira a recuperar superen los 2.000 euros.

– En principio, el Tribunal Superior de Justicia correspondiente se pronunciará  de acuerdo a la sentencia del Constitucional y el ayuntamiento deberá pagar el impuesto cobrado indebidamente junto a intereses de demora.

El plazo de estos procesos suele ser de un año o año y medio.

¿A qué me arriesgo si pierdo el juicio?

Si se pierde el juicio, debe pagarse igualmente al abogado, al procurador y al tasador, salvo que se haya pactado un honorario a porcentaje. No parece probable que el demandante pudiera ser condenado a pagar las costas del juicio, al no mediar temeridad y mala fe del contribuyente, al existir la sentencia del Constitucional, según los despachos consultados.

¿Cómo se calcula la plusvalía?

Aunque en teoría el impuesto grava la revalorización de inmuebles, su fórmula de cálculo provoca que se exija su pago incluso cuando se registran pérdidas. La cuota se calcula automáticamente en el momento de la transmisión del bien en función del valor marcado por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y es un porcentaje que depende de los años que hayan transcurrido desde la adquisición, no de su precio. Por lo tanto siempre sale a pagar.

Un cambio de ley

El Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador tiene que modificar la actual norma, con lo que es previsible que se prepare una adaptación del impuesto, que se encuentra dentro de la ley de Haciendas Locales.

 

¿Cómo afectará a los ayuntamientos?

La recaudación global anual del impuesto está por encima de los 2.000 millones, pero en algunos casos sí está correctamente cobrado, con lo que no afectará a todo el ingreso.

En todo caso, los consistorios estarán obligados a establecer un mecanismo de devolución ordenada que irremediablemente producirá efectos demoledores en las arcas de los ayuntamientos.

 

Innumerables sentencias declaran que la ausencia objetiva de incremento de valor en las transmisiones dará lugar a la no sujeción al impuesto

 



Importante también destacar dos casos anteriores al recientemente que ha sido fallado por el constitucional:

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 805/2013 de 18 de julio que señaló que “el impuesto grava, según el artículo 104 de la Ley de Haciendas Locales, el incremento de valor que experimenten los terrenos, y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad”. Y concluye que “la ausencia objetiva de incremento de valor dará lugar a la no sujeción al impuesto”.

Más recientes son otras dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fechas 10 y 28 de junio de 2016, en la sede de Valladolid. En ellas se ha establecido también que no existe incremento del valor del terreno necesario para que se produzca el hecho imponible del IIVTNU (plusvalía), ya que a la vista de las pruebas aportadas por los interesados, no se justifica que se someta a tributación un incremento que no se ha producido 

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