No pagues plusvalía si has vendido en perdidas!

El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), más conocido como plusvalía municipal, es uno de los más polémicos de los últimos años, sobre todo desde que estallo la burbuja inmobiliaria. Para aclarar algo el concepto de este impuesto basta deciros que lo que realmente grava es el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos en el momento de su transmisión. Es decir,el  incremento de valor  producido a consecuencia de la transmisión de la propiedad de terrenos, viviendas, oficinas….etc ( urbanas y nunca rusticas) ya sea a través de compraventas, donaciones o herencias.

Sin embargo, en estos últimos años y a raíz de la crisis económica atravesada este impuesto se ha venido a reclamar a aquellas que han sufrido pérdidas con dicha transmisión o venta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional cuando se herede, done o venda una vivienda en pérdidas. 

Desde este post os animo a todos aquellos que habéis pagado injusta e indebidamente este impuesto que lo reclaméis con absoluta confianza. Para que os hagáis una idea el importe medio que sale a pagar por los contribuyentes oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros, aunque en función del valor catastral que tenga el inmueble transmitido, los importes exigidos pueden ser muy superiores.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la propia  fórmula de cálculo de este impuesto que ha sido de lo más polémica y objetada por los contribuyentes; y es que el resultado a pagar no es un porcentaje sobre la ganancia o pérdida obtenida con la transmisión (por ejemplo la venta de una casa), sino sobre el valor catastral, teniendo además en cuenta el número de años que ha estado el bien en el patrimonio del transmitente.

Este es el motivo por el que siempre nos encontramos ante un impuesto que sale a pagar, independientemente de que el contribuyente haya obtenido una pérdida en la transmisión. Éste es, precisamente, el origen y principio de la polémica judicial que desde hace años envuelve a este impuesto, y que ha generado el planteamiento de varias cuestiones de inconstitucionalidad.

Los contribuyentes no están dispuestos a pagar un impuesto que en teoría, grava el incremento de valor que han experimentado los terrenos urbanos transmitidos, cuando dicho incremento ha sido nulo, y se han visto obligados a vender en pérdidas. Ni tampoco cuando, a pesar de obtener una ganancia en la transmisión, ésta es muy pequeña en comparación con el impuesto que sale a pagar, por lo que éste resulta confiscatorio.

En los próximos post veremos qué procedimiento seguir para recurrir y qué hacer con la deuda tributaria mientras se recurre. La mayoría de juzgados y tribunales consideran que es necesario que sea el contribuyente el que acredite que dicho incremento de valor no se ha producido. Y para ello, no siempre valdrá con aportar las escrituras de compra y venta de las que resulte la pérdida de valor del terreno.

Otra de las cuestiones que surgen en relación con este impuesto es quién es el obligado a abonarlo y si puede pactarse que esta obligación recaiga sobre otra persona. También veremos qué ocurre cuando el bien transmitido tiene varios propietarios, y si procede el pago de este impuesto cuando no hay una transmisión propiamente dicha, sino que los bienes pasan a otro titular como consecuencia de la disolución de una comunidad de bienes.

 

 

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